En medio de la incertidumbre que vive la comunidad shipiba de Cantagallo tras el incendio, sale a la luz otra grave denuncia periodística que compromete al alcalde de Lima, Luis Castañeda.


Resulta que en el 2015, la gestión de Castañeda vendió el terreno de 7 mil metros cuadrados que estaba destinado para la reubicación de los shipibos en Campoy, San Juan de Lurigancho. Así lo dio a conocer una investigación del periodista Daniel Yovera.


Según el informe, la comunidad pudo ser reubicada en el 2015debido a que en octubre del año anterior la Municipalidad de Lima, la concesionaria LAMSAC y Scotiabank acordaron comprar para ellos el mencionado terreno.

Como se sabe, la gestión de Susana Villarán, LAMSAC y el banco modificaron el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla que firmó la administración de Castañeda a fines del 2009. Esta modificación fue oficializada con una adenda el 15 de febrero del 2013, la misma que creó un fideicomiso para la ejecución del proyecto Río Verde.

En mayo del mismo año se formó un grupo de trabajo para la reubicación de las 226 familias de Cantagallo, y el 7 de octubre del 2014 el municipio limeño y la fiduciaria, Scotiabank, compraron en Campoy el terreno para construir allí el Complejo Habitacional Shipibo-Conibo. Mientras que el 22 diciembre de aquel año, poco antes de que culmine la gestión de Villarán, se aprobó una ordenanza que reconocía la relevancia de la reubicación y de la construcción de dicho proyecto de vivienda.


Sin embargo, cuando salió elegido Castañeda no se concretó la reubicación de los shipibos. Es más, en marzo del 2015 los mismos actores decidieron vender el terreno, para destinar el dinero obtenido de esa venta al nuevo proyecto: el by pass de la avenida 28 de julio.

Cabe indicar que el terreno en mención fue comprado con dinero del fideicomiso el 7 de octubre del 2014, por la Municipalidad de Lima y Scotiabank a la empresa Portal Campoy SRL por US$ 4’641,735. Y fue inscrito en los Registros Públicos de Lima y Callao a nombre del banco.

Pero sin importarle la ordenanza aprobada en diciembre del 2014, Castañeda canceló el proyecto Río Verde y con ello los proyectos que éste contenía, entre ellos el Conjunto Habitacional Shipib-Conibo.

Según la investigación de Yovera, las tres partes del contrato de concesión se reunieron el 5 de marzo del 2015, para firmar la hoy famosa adenda. Por la fideicomitente (Línea Amarilla SAC) firmó en la adenda Damiao Carlos Moreno Tavares y Wu Yong Le, por el fideicomisario (Municipalidad de Lima), Hugo Amador Illescas Hidalgo y Emilio Chero Valencia, y por la fiduciaria (Scotiabank Perú SAA) lo hicieron Cecilia Marín Armas y Claudia Paola Alarcón.

Cabe recordar que Castañeda, tras el trágico incendio en Cantagallo, declaró a la prensa que a la comunidad shipiba les “vendieron ilusiones” y que fueron engañados con la reubicación, en alusión a la gestión de Villarán.


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