El lobby universitario está hoy moviendo sus fichas en el Congreso para anular la Ley Universitaria que, entre otras modificaciones, permitirá fiscalizar dos de los beneficios tributarios que favorecieron a más de 90 universidades privadas desde el gobierno de Alberto Fujimori. De estas, 50 universidades fueron creadas con fines de lucro y temen perder las exoneraciones tributarias que sirvieron para enriquecer a algunos rectores y empresarios de la educación.
La guerra contra la reforma educativa se pelea en el Congreso, pero la agitan los dueños de las universidades privadas que temen perder parte de los millonarios ingresos que obtienen al abusar de las exoneraciones tributarias que mantienen desde hace 20 años. Bajo la nueva Ley Universitaria, las 50 universidades privadas creadas como empresas lucrativas no podrán pedir la reducción de su impuesto a la renta porque ninguna ha completado la acreditación; además, se fiscalizarán los excedentes de dinero que reciben las 41 universidades sin fines de lucro, beneficios que han servido para que algunos rectores y empresarios incrementen su patrimonio personal.

Son cuatro los beneficios tributarios aplicables a la educación privada, y todos fueron creados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los dos primeros permiten reducir o exonerar el pago de impuesto a la renta a las universidades con y sin fines de lucro, y les han permitido ahorrarse S/ 1.469 millones en la última década, según la base de datos elaborada por Ojo-Publico.com.


Las otras dos exoneraciones les permite evitar el IGV y los impuestos por la importación de bienes y servicios que consideren de interés educativo. Estos dos últimos son aplicables también al sector público, y si bien la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) no ha cuantificado los impuestos que el sector privado -y en especial las universidades- se ahorraron con el uso de estas cuatro exoneraciones, en conjunto representaron una pérdida de S/ 8.887 millones para el fisco entre el 2005 y 2015, según nuestra base de datos.

La Universidad Alas Peruanas, que reportó ingresos por S/ 422 millones el 2014, optó nuevamente por el camino jurídico y fue la primera en acudir al Tribunal Constitucional (TC) para negarse a pagar los tributos que le correspondían. El fallo le fue favorable: el TC ordenó a la Sunat que no le cobre los impuestos que esta universidad reinvirtió durante 15 años, desde 1997 hasta el 2012. De nada sirvieron los reclamos de la Sunat y del Ministerio de Economía ante la comisión de Constitución del Congreso.

Con ingresos que bordearon los S/ 600 millones en 2015, según sus propios estados financieros, la Universidad Cesar Vallejo también ha accedido al crédito tributario por reinversión desde el 2012 hasta el 2015, lo que le permitió ahorrar S/ 142 millones en impuestos. LEER COMPLETO LA INVESTIGACIÓN 


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