El Congreso no respetó sus propios requisitos mínimos para efectuar contrataciones, ni las Normas de Control Interno dictados por la Contraloría General de la República, cuando dispuso la adquisición de 980 equipos de cómputo, en noviembre último.


Luego de que La República destapó la irregular adquisición de las computadoras, el contralor Edgar Alarcón Tejada remitió a la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, un documento denominado "Orientación de Oficio" en el que le daba cuenta del hallazgo de tres actos indebidos cometidos por los funcionarios del Parlamento encargados de la compra.



Contra la norma 

El órgano de control público detectó que el informe sobre las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos de cómputo se sustentó con otro documento emitido con fecha posterior.

Según los hallazgos de Contraloría, recién el 27 de octubre se actualizaron las especificaciones técnicas, pese a que el informe tiene como fecha el 26 de octubre de 2016.

Este documento sirvió para que el Congreso elevara de 260 a 980 el número de equipos de cómputo que requería, sin que se hiciera la evaluación técnica, tal como exigía la norma de la Contraloría.

"El hecho antes mencionado incumple las Normas de Control Interno, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006", alertó Contraloría.

Otra irregularidad detectada en la compra de los equipos de cómputo es que el Congreso escogió como proveedor de los monitores al Grupo Coresol SAC, pese que no cumplía con el requisito de contar con tres años de experiencia en el mercado, como mínimo, según sus propias reglas.

No obstante, el oficial mayor José Cevasco Piedra en una conferencia de prensa defendió la compra a la mencionada compañía, que señaló como domicilio un pueblo joven de Trujillo, La Libertad.

Contraloría detalló en su informe que elegir a un proveedor sin la experiencia necesaria "genera el riesgo de que no cumpla con la entrega de los bienes adquiridos en la forma, características, calidad y plazos establecidos, afectando los planes de reemplazo de equipos" del Congreso.


La mentira de Cevasco 

La tercera irregularidad detectada es que la adquisición de equipos no se encontraba incluida en el Plan Anual de Contrataciones del Congreso, lo que “podría afectar la legalidad y transparencia del método especial de contratación utilizado para la compra de computadoras", advirtió Contraloría.

El órgano de control público reveló además que el 14 de noviembre, 11 días antes de que se autorizara la compra, la oficina de Asesoría Jurídica del Congreso le informó a la Dirección General de Administración de la misma entidad que la adquisición de computadoras estaba programada para cumplirse mediante una licitación pública, no mediante el catálogo electrónico del organismo Perú Compras.

Esto desmiente la versión del oficial mayor José Cevasco, quien aseguró en diciembre que el Parlamento estaba obligado a comprar las computadoras sin licitación.

"Es la propia ley la que establece que la licitación no se realiza", aseguró Cevasco el pasado 13 de diciembre, luego de que La República revelara que el Congreso dispuso invertir más de cinco millones de soles en equipos de cómputo que escogió sin concurso público.

Claves

La titular del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, la fiscal Norah Córdova, abrió investigación sobre la adquisición de las computadoras.
La Contraloría prepara un informe final sobre la orden de compra de computadoras del Congreso en el que identifica a los responsables.


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