Gustavo Gorriti aseguró que es “perfectamente posible” conocer los nombres de los funcionarios del Estado implicados en los sobornos de la empresa Odebrecht. En diálogo con RPP Noticias, el periodista y director del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuya investigación del caso se remonta al 2010, dijo que la clave es interrogar al exgerente Jorge Barata y a los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora.

Durante su participación en Enfoque de los Sábados, Gorriti explicó que la Justicia debe encontrar las cuentas donde la empresa brasileña depositó los sobornos a los funcionarios peruanos. “Esa es la medida del éxito y es perfectamente conseguible”, dijo. “Es perfectamente posible, si se hace algo técnicamente bien hecho e intenso, sacar los nombres de los principales ‘cutreros’ del país y sacar los nombres de los beneficiados privados de esas negociaciones en corto tiempo”, explicó.


El casos y los nombres. El hombre clave, según Gorriti, es Barata, exgerente y director ejecutivo de Odebrecht que estaba “en relación directa con el Departamento de Operaciones Estructuradas (de la empresa), el cual manejaba las coimas”. “Él sabe perfectamente, en los gobiernos de Toledo, García y Humala, a quién se coimeó y por cuánto se coimeó. Se puede establecer luego, en interrogatorios al resto de miembros de este departamento, que son siete u ocho, cuál fue la huella que se siguió, a qué cuenta se mandó, quién fue el beneficiario de qué cuenta y a quién iba destinado el dinero aunque hubiera un testaferro”.


El pasado miércoles 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasilera Odebrecht reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014. En esos años gobernaron Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Este jueves, el Ministerio Público anunció que llegó a un acuerdo con la empresa brasileña para que esta le da información sobre los implicados y un pago adelantado de 30 millones de soles, mientras que en el Congreso la comisión que investigará el caso se instaló el día anterior.


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