Diario Exitosa tuvo acceso al audio de la sesión en la comisión Lava Jato del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el que justificó su rúbrica en la Ley N° 28670, del año 2006, que favoreció a la empresa Odebrecht en la adjudicación del contrato de tres obras, entre ellas IIRSA Sur e IIRSA Norte. En el transcurso de los siguientes nueve años, el Estado terminó pagando a través de numerosas adendas, USD 2 mil 455 millones más del monto inicial fijado.

El expremier Pe­dro Pablo Ku­czynski se pre­sentó en la comisión Lava Jato, pre­sidida por el congresis­ta Juan Pari, el 9 de fe­brero del año pasado. Al iniciar la sesión, PPK leyó un documento escrito por él en el que explica, en­tre otras cosas, el motivo por el que firmó, junto al expresidente Alejandro Toledo, en solo 48 horas, la Ley N° 28670, que permitió dar facilidades para que Odebrecht con­trate con el Estado.

Ocurre que la referida ley, promulgada el 26 de enero de 2006, declaró de necesidad pública y el inte­rés nacional la licitación de cinco obras, entre ellas IIR­SA Sur e IIRSA Norte, que ya habían sido adjudicadas a la empresa carioca.

PROCESO JUDICIAL

La normativa permitió, además, que las empresas que tengan sanciones ad­ministrativas o que estén inhabilitadas puedan con­tratar con el Estado perua­no, así también impidió las observaciones y la in­tervención de la Contralo­ría en dichas obras.

Si bien Odebrecht solo tenía un proceso judi­cial por presuntas irregu­laridades por el proyec­to Chavimochic, la obra IIRSA Sur sí tuvo obser­vaciones de la Contraloría en el costo de dicha obra.

El citado proyecto de ley fue presentado, el 24 de enero, por el parlamen­tario Gilberto Díaz Pe­ralta, vicepresidente del Congreso. Es decir, en solo 48 horas se aprobó esa normativa que, al fi­nal, favoreció a Odebre­cht, porque pudo llevar adelante las millonarias obras de IIRSA Sur e IIR­SA Norte.

CONCLUSIONES

El informe de Pari con­cluyó que en esas dos obras “se produjeron hechos irre­gulares, violentando los sistemas de control y tras­grediendo la legislación vi­gente; cuya naturaleza de­lictiva debe determinarla el Ministerio Público; proce­dimientos irregulares a los cuales se les dio una apa­rente legalidad, creándose para este efecto una ‘nor­matividad’ ad hoc”.

Según las investigacio­nes congresales, el Esta­do desembolsó por los dos proyectos, entre los años 2006 y 2015, USD 4 mil 233 millones. No obstan­te, debido a la firma de las adendas se pagó USD 2 mil 455 millones más del monto inicial fijado.

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