La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir investigación preliminar a los hermanos de Keiko Fujimori, Hiro y Sachie, por el presunto delito de lavado de activos.

Igualmente, dicho despacho fiscal pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Kenji Fujimori para que también pueda ser incluido en esta investigación que busca esclarecer el gran incremento de capital que tuvo la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), que es de propiedad de los tres citados hermanos.



Tras una indagación previa iniciada en junio del año pasado, la fiscalía dispuso que hay indicios suficientes para pasar a la etapa de investigación preliminar.

De acuerdo a las pesquisas, el pequeño negocio de almacenaje de los hermanos Fujimori tuvo un vertiginoso crecimiento en dos años recurriendo a la modalidad de capitalización de deudas con empresas que también estaban vinculadas a los hijos del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori.

De acuerdo a la información que maneja la fiscalía, el capital social de Limasa, que en 2009 era de S/40 mil, habría pasado a sumar S/2’867.320 en el 2014.

Dicha empresa, que cambió su nombre a Integrated Global Logistics (IGL), llegó a convertirse en socia de la transnacional Sankyo, compañía japonesa que es líder en el negocio de la logística marítima.

Cabe anotar que en marzo del 2013, la policía encontró en el local de Limasa un contenedor con cerca de cien kilos de cocaína que iba a ser embarcado a México.


La resolución de la fiscalía, a la que El Comercio tuvo acceso, indica que la investigación tendrá un plazo de 120 días. También dispone solicitar a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos información relativa a los investigados y a las empresas Limasa e IGL. 

Igualmente, la fiscalía ha solicitado un perito para examinar cómo se ha dado la capitalización de deudas de las empresa involucradas.

También se ha pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que informe si existen reportes de operaciones sospechosas de los investigados.

El Comercio trató de obtener la opinión del legislador Kenji Fujimori sobre esta decisión de la fiscalía, pero este no respondió.


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