A pesar de que el Ministerio Público ha abierto una investigación penal a la congresista Betty Ananculí -ya que dos profesores denunciaron que falsificaron sus firmas para entregarle actas de estudio- la Comisión de Ética decidió tomar como ciertas sus rúbricas y decidió no suspender a la fujimorista.



Así lo hizo por mayoría el grupo presidido por el también representante naranja Segundo Tapia, en base a un preinforme de su Secretaría Técnica. Según estos funcionarios de confianza de Fuerza Popular, la imputada había presentado certificados de que había culminado sus estudios superiores en el Instituto Alas Peruanas de Ica.




Sin embargo, los documentos presentados por Ananculí nunca fueron contrastados, y se quedaron con lo que ratificaban por escrito el fedatario Saúl Junes Astocaza y el director del centro de estudios, René Saravia Muñoz.

La fujimorista había tenido una denuncia anterior, por supuestamente haber mentido en su hoja de vida, para lo cual había presentado las cuestionadas actas, que ahora usaba nuevamente como prueba para una imputación distinta.


“En la firma obrante en dicha acta no es mía, no me corresponde (…) No entiendo, me he visto sorprendido con esto, es más los docentes nunca firmamos actas tampoco (…) Nosotros pasábamos nuestras notas a un correo que la misma institución nos dio”, declaraba el 13 de enero el docente Fernando Gálvez Pun Lay ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.

Este es el tercer testimonio que desbarataría la posición de Ananculí –el semanario “Hildebrandt en sus trece” había difundido los de dos otros docentes antes-, al cual se suma un cuarto: el de Vilma Barrios Huamán, brindado ese mismo día.


“Que no es mi firma y que desconozco cómo aparece mi firma en dicho documento, y que a mí nunca me han hecho firmar acta alguna”, señaló también.

Mientras tanto, la fiscal Yeshica Guevara Saravia ha gestionado que haga un peritaje grafotécnico judicial, a cargo del especialista Pepe Wong Cárdenas.


En su descargo, Ananculí dijo ante el grupo parlamentario que ella sí había cumplido con los estudios que consigna en su hoja de vida. Sin embargo, ni a Tapia ni a ninguno de los miembros de la comisión se les ocurrió tomar en cuenta los testimonios que manejan los fiscales.

¿Cómo quedarán los “éticos” si el peritaje determina finalmente que se basaron en un documento falso para no investigar a una seguidora de Keiko Fujimori?


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