Para evitar que las constructoras brasileñas que se encuentran bajo investigación por presuntos actos de corrupción transfieran sus bienes a terceros, la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales, de la SUNAT, resolvió embargar las cuentas y propiedades que estas empresas tienen en el Perú hasta por aproximadamente 260 millones de soles

Hasta el momento se trata de ocho compañías embargadas: OAS, Queiroz Galvao y Odebrecht, y otras firmas vinculadas a esta última, las que se encuentran implicadas en presuntos pagos de sobornos a autoridades gubernamentales a cambio de la adjudicación de millonarias obras públicas.


Las autoridades de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) adoptaron esta medida preventiva al notar indicios de operaciones sospechosas de alguna de las empresas brasileñas con la aparente finalidad de evadir la acción de la justicia, como por ejemplo la presentación de acciones legales para impedir la intervención de los organismos fiscalizadores.

El embargo se ha aplicado en función de lo que indica el artículo 58 del código tributario, según el cual la SUNAT se toma la atribución de poner un embargo preventivo ante la posibilidad de que el contribuyente no se encuentre en capacidad de abonar los impuestos de ley o la entidad fiscalizadora detecta movimientos sospechosos que buscarían evadir las obligaciones tributarias.

La Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales de la SUNAT, observó que después de que en Brasil funcionarios y directivos de constructoras empezaron a acogerse a las “delaciones premiadas” –colaboración eficaz–, en el marco del escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”, notaron que las sucursales de estas compañías en el Perú iniciaron una serie de acciones relacionadas con la protección de sus intereses en el país.

Intereses del Perú

Los embargos también están relacionados con deudas tributarias que se han determinado o se están determinando como resultado de los procesos de fiscalización que se vienen realizando a estas empresas con auditorías correspondientes a varios períodos a partir del año fiscal 2010 para adelante.

Fuentes cercanas a SUNAT señalaron que la medida de embargo busca resguardar los intereses del Estado peruano para que no resulte afectado por la eventual evasión de impuestos que les corresponde abonar por ley a las constructoras brasileñas que contrataron con entidades gubernamentales de nuestro país.


La cifra del embargo por 260 millones de soles es provisional puesto que el proceso de fiscalización de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales se encuentra en plena ejecución. Es muy probable que la cifra crezca considerablemente, dijeron las fuentes consultadas.

Solo en Odebrecht el monto supera los 150 millones de soles e involucra predios, vehículos, cuentas bancarias y retención de terceros.

De acuerdo con información divulgada por el medio digital de investigación periodística, Ojo Público, el ejecutor coactivo de la SUNAT intervino el pasado 18 de enero más de cuatro mil hectáreas en Olmos, de propiedad de la brasileña Odebrecht Latinvest Perú Ductos, importante subsidiaria del grupo.

SUNAT advirtió que la empresa Odebrecht y otras vinculadas recurrieron al tribunal fiscal para tratar de diferir el pago de impuestos y con esa maniobra ganar tiempo y pretender poner a buen recaudo sus cuentas y bienes.

La República pidió a la SUNAT mayor información sobre los embargos preventivos a las empresas brasileñas pero la respuesta fue que no era posible porque se encuentra bajo la figura de la reserva tributaria.

Diligencia en la sede Odebrecht Perú

Mientras tanto, el fiscal Reynaldo Abia acudió ayer a las oficinas de Odebrecht donde se suscribió un acta de entendimiento con los representantes de la empresa para la entrega de información. El procedimiento duró desde las 10.40 de la mañana hasta las 2.10 de la tarde. Tres fiscales anticorrupción, encabezados por Abia, revisaron documentación y se recabó importante información.

Odebrecht Perú rápidamente informó, a través de un comunicado, que había prestado "las facilidades" necesarias al representante del Ministerio Público y reafirmó su disposición a colaborar.

Claves

La ley. El artículo 58 del Código Tributario señala que se tomarán las medidas cautelares para garantizar la deuda tributaria, aun cuando no haya una orden de pago.
Encargados. Participaron auditores especializados, además de personal de cobranza coactiva .
Riesgos. Las empresas embargadas pueden presentar apelaciones para evitar estas medidas de la SUNAT.


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