Congreso derogó reciente cambio normativo dado por el Gobierno, el cual había bajado la valla al contratar al personal altamente calificado. El requisito mínimo será contar con la licenciatura.

El Congreso derogó un reciente cambio implementado por el Gobierno para que los bachilleres puedan acceder a los cargos altamente calificados en las entidades del Poder Ejecutivo (Palacio de Gobierno, PCM, ministerios y todas sus entidades adscritas).



Ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó derogar el artículo 4 del decreto legislativo N° 1337, emitido por el Gobierno en enero en el marco de las facultades legislativas, el cual flexibilizaba esta norma de contratación.

En el caso de los bachilleres, el decreto del Gobierno decía que estos trabajadores debían tener por lo menos 10 años de experiencia.

El cambio dado por el Gobierno ya venía siendo reglamentado en diversas entidades pública y estaba cerca de ser aplicado, pero ello ahora será descartado.

En adelante, se mantendrá la anterior norma de contratación de personal altamente calificado que señala que el trabajador debe tener por lo menos el título de licenciatura o grado de maestría.


La derogación contó con el respaldo de la mayoría de bancadas del Congreso. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres (Fuerza Popular) refirió que la flexibilización de los requisitos para otorgar el nivel de personal altamente calificado no tenía una relación directa con el argumento de la optimización del servicio público (uno de los objetivos de las facultades legislativas).

Por su parte la congresista Ursula Letona (Fuerza Popular) refirió que contar con bachiller no garantizaba la calidad de los trabajadores altamente calificados.

“El recién egresado en la mayoría de los casos sale como bachiller. Entonces tener diez años de experiencia laboral no es una garantía. Y la anterior norma ni siquiera precisaba que los diez años de experiencia estén relacionados al cargo”, señaló Letona a Gestión.pe.


En tanto el legislador Héctor Becerril (FP) dijo que el decreto legislativo en referencia, en algunos casos, tenía nombre propio, como en el de un funcionario del Ministerio de Educación.

Por su parte los congresistas del Frente Amplio, Marisa Glave y Marco Arana, dijeron que en el decreto del Gobierno se habían regulado temas laborales que no habían sido materia de delegación.


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