La Comisión de Ética Parlamentaria inició etapa de investigación a tres legisladores de Fuerza Popular: Carlos Domínguez, Maritza García y Betty Ananculi. Estas dos últimas acumulan su segunda indagación en dicho grupo.


A Carlos Domínguez, representante de Fuerza Popular por Áncash, se le indaga por no haber consignado predios y cargos empresariales en la hoja de vida que presentó como candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).


Su colega de bancada Maritza García es investigada por haber contratado personal con vínculos de parentesco en su despacho parlamentario. La Comisión de Ética también aprobó hoy que García Jiménez sea investigada por supuestamente mentir en su hoja de vida como candidata al Parlamento.

Esta es una indagación sobre la cual la Comisión de Ética Parlamentaria ya ha recogido los descargos de la legisladora de Fuerza Popular. Las pesquisas parlamentarias buscan determinar si mintió en su hoja de vida respecto a las fechas y colegios donde cursó el cuarto y quinto año de secundaria.


La tercera legisladora de Fuerza Popular que será investigada en la Comisión de Ética Parlamentaria es Betty Ananculi, por supuestamente haber ejercido tráfico de influencia ante el gobernador regional de Ica. Según la denuncia presentada, la legisladora pidió puestos de trabajo en dicha gobernación que lidera Fernando Cillóniz, electo por Fuerza Popular.

Ananculi también ha sido investigada en la Comisión de Ética por haber mentido en su hoja de vida. Pero su caso ha sido archivado hasta en dos oportunidades, aunque la fiscalía mantiene una indagación al respecto en Ica.


-Archivo y ratificación-
De otro lado, la Comisión de Ética también archivó las denuncias contra los legisladores Francisco Villavicencio, Bienvenido Ramírez (Fuerza Popular), Yohny Lescano (Acción Popular), Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio), Wilbert Rozas (Frente Amplio).

A su vez, los miembros de Ética ratificaron el pedido de sanción por 90 días contra el fujimorista Clayton Galván por no consignar en su hoja de vida que tiene una sentencia judicial firme por una deuda a la Caja Rural de A y C Mantaro.


Según se explicó, en la anterior sesión la votación para la sanción de Galván había quedado en empate -4 votos a favor y 4 abstenciones- y el presidente de la Comisión de Ética, el fujimorista Segundo Tapia, no hizo uso del voto dirimente.

Ante ello, Tapia sometió de nuevo a votación el caso y esta vez se aceptó por unanimidad. Queda pendiente de que el Consejo Directivo programe en el Pleno la recomendación de suspensión contra Galván, junto a la de su colega fujimorista Yesenia Ponce y el aprista Elías Rodríguez Zavaleta.


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