Son casi 40 años de historias secretas contenidas en 11 millones y medio de documentos, historias con personajes de más de 200 países. Los Panama Papers hoy son tan conocidos en Perú como en Islandia. La migración de estas historias al ámbito público comenzó el último 3 abril en forma simultánea en los cinco continentes. Pero fue solo el inicio. El trabajo colaborativo de cerca de 400 periodistas de más de 70 países, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que llegó a los documentos a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, aún está lejos de terminar. Esa es quizá la única certeza respecto al tiempo que tomará conocer aquellos 40 años de historias ocultas, la mayor filtración de documentos en el periodismo, 46 veces más grande que Wikileaks. Sin embargo, hoy dos de los medios que formamos parte de este esfuerzo global, IDL-Reporteros y Convoca.pe presentamos un importante avance sobre los casos relacionados con el Perú: el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales que involucran a más de 100 personas y empresas peruanas con un centenar de sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca. Esos nexos y personajes forman parte de más de 30 casos que hemos construidos a partir del análisis de cientos de documentos, entrevistas con expertos y los personajes involucrados.


Mientras que la oficina principal del bufete en Panamá fue allanada, en Perú ocurrió lo mismo el 11 de abril con el domicilio que servía como centro de operaciones de Mossack Fonseca: la vivienda de Mónica de Ycaza, representante de la firma en el país. Desde entonces empezaron a correr los 60 días hábiles que tiene como plazo la Sunat para analizar la información incautada, cerca de diez cajas llenas de documentos. La Fiscalía de la Nación, por su parte, abrió una investigación especial sobre el caso.

Esta primera selección de nombres responde a criterios de interés público. Se trata de personajes que han ocupado cargos en alguna entidad estatal o que desde el ámbito privado han realizado transacciones relacionadas con recursos públicos, o cuyas actividades tienen un efecto significativo en la vida de los ciudadanos. Otro criterio considerado fue si la información aportada por los Panama Papers presentaba algún punto de encuentro con procesos de investigación en la Policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial. O, finalmente, si datos importantes revelados por investigaciones periodísticas precedentes cobraban nuevos y significativos sentidos a partir de la información filtrada.


Según un análisis realizado por la Unidad de Datos del ICIJ, existen más de 260 peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca. Entre ellos aparecen algunos políticos pero sobre todo empresarios de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y del mercado de medicamentos. En esta lista, que se publicará en www.icij.org este 9 de mayo, figuran por lo menos once grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a conglomerados económicos influyentes en el país hasta familias emergentes cuyas empresas hacen negocios con el Estado peruano. Entre esos nombres, existen también personajes de la televisión y la gastronomía. La mayoría llegó a Mossack Fonseca a través de los llamados “clientes”, aquellos que sirvieron de nexo con la firma panameña, y que suman al menos una veintena. En esta relación aparecen registrados conocidos estudios de abogados limeños como Pinkas Flint; Echecopar; Benites, Forno & Ugaz; Muñiz; Rodrigo, Elías & Medrano, Flores-Aráoz, entre otros.

Si se persiste en la búsqueda entre los más de 11 millones de documentos de los Panama Papers, aparecerán nuevos nombres vinculados al Perú. Y entre ellos puede estar todavía escondida una gran historia entre correos electrónicos, documentos en PDF, Excel y otros archivos en diversos formatos. Por ello, en el interactivo que hoy publicamos, no solo se ha considerado a las personas y empresas que aparecen en la lista de “beneficiarios” identificados por ICIJ sino aquellas identificadas por nuestros equipos de reporteros como parte de la búsqueda permanente en el mar de documentos de los Panama Papers.


Las offshore de Mossack Fonseca que hemos identificado hasta ahora en los casos peruanos han servido en algunos casos para esconder operaciones financieras o conflictos de interés en licitaciones públicas, ocultar el nombre de los beneficiarios finales de las offshore y, de paso, la recepción de coimas, y ampliar estratégicamente la red del grupo económico al que pertenecen sus dueños.

Entre los nombres que hoy publicamos, encontramos dos familias vinculadas a empresas de la gran minería cuestionadas por sus malas prácticas corporativas: los Letts, dueños de Volcan, y los Gubbins de Casapalca. En el primer caso se trata de la primera productora de zinc en el Perú y América Latina, y la cuarta productora de plata en el mundo, con actividades en las regiones andinas de Pasco y Junín, que han sido sancionadas de manera reiterada. Volcan no extrae el mineral ilegalmente pero es la compañía de la gran minería que más incumple las normas ambientales en el Perú según las resoluciones de sanción de los organismos reguladores en los últimos ocho años. En este caso, Volcan aparece relacionada de manera directa a dos empresas offshore hasta hoy desconocidas, y al mismo tiempo sus accionistas tienen vínculos con otro grupo de compañías constituidas por Mossack Fonseca. Entre ellos, el vicepresidente de la empresa, José Ignacio de Romaña Letts, y su madre Irene Letts Colmenares de Romaña.


En el segundo caso, la minera Casapalca fue denunciada por no respetar los derechos laborales de sus trabajadores y por despedir a más de un centenar de ellos cuando formaron un sindicato ante los abusos. Los Gubbins, que aparecen en los Panama Papers por lo menos con cinco offshore, tercerizaban los contratos de sus trabajadores con sueldos ínfimos para realizar labores en todo el proceso de extracción de los minerales a pesar de que esa práctica laboral estaba prohibida. La denuncia, que fue documentada en 2007 por el Ministerio de Trabajo, terminó con la expulsión de la minera Casapalca de la Sociedad Nacional de Minería. Alejandro Henry Gubbins Granger encabeza la lista de esta familia en los documentos de Mossack Fonseca, junto a sus hijos que también han desempeñado cargos importantes en la empresa.

En el sector agroindustrial encontramos un protagonista y un área recurrente: el azúcar y el norte del país. En los registros de Mossack Fonseca aparecen personajes vinculados a importantes empresas azucareras: Paramonga, El Ingenio y Andahuasi, en el norte chico; y Agro Pucalá en Chiclayo. ¿Los personajes? Los cinco hermanos Wong Lu Vega y Ernesto Flores Vílchez, cuyas offshores tienen importantes puntos de encuentro con su participación en el mercado azucarero, atravesado por constantes pugnas judiciales. Son dos las offshores vinculadas a los hermanos Wong Lu Vega y siete a Flores Vílchez.


Hay otra familia conformada por empresarios del sector industrial que contrataron los servicios de Mossack Fonseca: los Masías. Estuardo Masías Málaga y Vasco Masías Málaga, quienes están vinculados por lo menos a cinco sociedades offshore. El más activo de los tres es Estuardo Masías, quien desempeña diversos cargos en cuatro empresas: Procesadora Laran S.A.C. dedicada a la exportación de fruta; Agroindustria Casablanca SAC, que produce cítricos y paltas; La Portada SAC, dedicada al cultivo de uvas de exportación y La Calera SAC, empresa comercializadora de huevos a nivel nacional. En octubre de 2015, Masías contrató el ‘servicio de directores’ que ofrece Mossack Fonseca para una offshore en Panamá. Fue, de paso, uno de los financistas de la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011.

Otro grupo familiar importante aparece en los registros panameños, esta vez del sector financiero. Se trata de la familia Wiese Moreyra, cuyos miembros figuran asociados al menos a cuatro sociedades offshore.

Los hermanos Noriega Bentín (Catalina Esther, Ricardo, Jaime y Jan Marco) también aparecen en los Panama Papers. Ellos forman parte del grupo familiar vinculado a Ricardo Bentín Mujica y Esther Grande de Bentín, fundadores del Club Sporting Cristal y quienes adquirieron junto con otros empresarios peruanos la Cervecería Backus y Jhonston, convertida hoy en la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, que está en manos del grupo multinacional de cervecerías SABMiller.


Según los registros de Mossack Fonseca, los cuatro hermanos adquirieron tres sociedades offshore. En 2005 fue constituida Marguerite Foundation en Panamá estableciendo a los Noriega Bentín como sus beneficiarios principales para la transferencia de donaciones, según los documentos de la firma panameña.

Pero no solo figuran los dueños de los grupos de poder económico en el Perú, sino también empresarios que han constituido empresas offshore al mismo tiempo que incrementaron sus contrataciones millonarias con el Estado. Este es el caso de la familia Olórtegui, dueña de compañías que han abastecido de medicamentos a 25 gobiernos regionales del país y al Ministerio de Salud.

Los personajes que transitan entre el sector privado y el Estado sobresalen en los Panama Papers como se ha podido dar a conocer en los reportajes hasta ahora publicados. Entre los exfuncionarios públicos aparecen dos nombres vinculados a Venezuela: Francisco Pardo Mesones, excongresista y exdirector del Banco Central de Reserva; y Luis Raygada Souza, ex embajador de Perú en Venezuela durante el presente gobierno.

Pardo Mesones se asoció con un alto funcionario de la imprenta federal alemana, Bundesdruckerei, para adquirir la offshore Billingsley Global Corp (Panamá) y recibir a través de ella comisiones irregulares provenientes de contrataciones de la entidad alemana con el gobierno de Venezuela. Raygada, a su turno, configuró un esquema empresarial con presencia en Perú, Venezuela y República Dominicana, encabezado por la offshore panameña Entelin International Holding, en 2009, que luego pasó a financiar a Entelin Perú. Empresa que contrató con el Estado por más de 550 mil soles, mientras que Raygada era embajador y tenía participación minoritaria en la offshore.


No es el único exfuncionario público en la lista. Entre ellos aparece José Luis Castañeda Neyra, quien ocupó cerca de quince puestos claves durante los dos gobiernos de Alan García mientras mantenía vínculos con empresas que tenían contratos millonarios con el Estado. Fue la mano derecha de Jorge del Castillo, hoy virtual congresista y ex presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García. El abogado Castañeda Neyra aparece vinculado a la offshore Tamarit Engineering Ltd, dos meses después de dejar su puesto de secretario general del ministerio de Vivienda, en medio de un grave conflicto de interés por contratos con instituciones públicas de las compañías que representaba.

En cuanto al caso Lava Jato, la investigación sobre corrupción corporativa y política más importante en Latinoamérica, los Panama Papers pusieron al descubierto que Mossack Fonseca constituyó 107 offshores relacionadas a personas y compañías investigadas (entre ellas Odebrecht), que hasta ese momento eran desconocidas por las autoridades brasileñas.

En enero pasado, pocos meses antes las revelaciones de los Panama Papers, el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima- del equipo de Fuerza de Tarea de la Procuraduría brasileña- afirmó que había quedado en “evidencia” que Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero” y que ya estaba siendo investigada por el esquema de corrupción en el caso Lava Jato, en el que se emplearon sociedades de gaveta para lavar sobornos.

En el Perú, Odebrecht (sola o en consorcio) movió dinero desde sus offshores (propias o alquiladas) desde y hacia nuestro país a través de un esquema de compañías peruanas vinculadas a personas investigadas por lavado de activos, quienes también tomaron los servicios de Mossack Fonseca para adquirir sociedades offshore.


En medio de políticos, grupos empresariales y personajes de fachada que esconden a los beneficiarios finales, aparecen nombres conocidos de la televisión peruana. Al de Nicolás Lúcar, de Frecuencia Latina, se suman otros dos relacionados con el mismo canal: el empresario Baruch Ivcher, quien fue propietario de Frecuencia Latina hasta 2012, y la conductora de televisión Magaly Medina. Ivcher aparece como accionista único con 50 mil acciones de la empresa offshore Hazelville Holdings Group Corp mientras que Medina figura como dueña de la offshore Florida Studios Inc.

No resulta improbable que los clientes peruanos de Mossack Fonseca se concentren en el sector con mayor recursos del país. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal, 2016), el 10% más rico de Perú tiene una tasa impositiva de poco más de 5%. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, dicha tasa sube a 14,2% y en algunos países de Europa, como Reino Unido, Italia y Suecia, supera el 25%.

La desigualdad se intensifica gracias a estos paraísos fiscales, cuyas historias de ocultamiento, evasión tributaria, lavado de dinero, conflictos de intereses, entre otros hechos, continuaremos poniendo al descubierto con nuevos reportajes y la actualización permanente del interactivo que hoy les presentamos.

Por IDL-Reporteros y Convoca.-


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