El quinquenio de Alan García Pérez en Palacio de Gobierno no solo dejó un saldo macroeconómico positivo que los expertos coinciden en observar, sino también uno más oscuro: 191 personas fallecieron durante conflictos sociales, según el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Caballero Martín.

De estas muertes, 153 fueron civiles y 38 policías y militares, 23 de los cuales fueron abatidos durante el violento paro en Bagua conocido como el ‘“Baguazo”.


La prevención de los conflictos sociales y el tratamiento de los mismos fueron mínimos y más bien la represión reactiva fue la herramienta de uso; esta conllevó la precipitación de violencia y convulsión en zonas como Puno, donde a pocos días de la reciente segunda vuelta electoral las protestas pusieron en peligro la realización de la elección.


Otro dato que llama la atención sobre el manejo de conflictos sociales y la fatal consecuencia de este es la clara tendencia al alza entre el 2006 y 2009 de las muertes ocasionadas en este contexto: en 2006, hubo 17 muertos; para 2007 fueron 28; 2008 tuvo cifra 35; y 2009, 66. Para 2010 se contaron 35 fallecidos y en los cuatro primeros meses del año 2011, sumaron 10 las víctimas por conflictos sociales.


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