El ciudadano estadounidense Juan Pablo Granda, sindicado por las autoridades norteamericanas como el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro", constituyó 53 empresas de simulación en la Notaría Francisco Villavicencio, ubicada en Carmen de la Legua, Callao, entre los años 2013 y 2015. El establecimiento es de propiedad del congresista Francisco Villavicencio Cárdena.
El 15 de marzo último, Granda, ejecutivo de la compañía NTR Metals, con sede en Dallas, Texas, fue detenido en su casa de Miami por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Granda haber participado en una red de lavado de dinero proveniente de la exportación de oro comprado principalmente a mineros peruanos ilegales.


Como parte de sus presuntas operaciones ilícitas en el Perú, Granda formó empresas de fachada por intermedio del contador Mario Díaz Sevilla. A su vez, Díaz contrató a Joule Vila Vila, quien se encargó de registrar las compañías en la Notaría Francisco Villavicencio entre los años 2013 y 2015.

Cara conocida

Joule Vila Vila es el mismo personaje que formó la empresa de "papel" Comunicore, que cobró mediante 43 testaferros más de 21 millones de soles de una operación sospechosa con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vila, conocido como "El Huanca", es especialista en la constitución de empresas ficticias.

La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional calcula que las empresas formadas por Vila en la Notaría Francisco Villavicencio y que están relacionadas con Juan Pablo Granda exportaron oro ilegal a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos por aproximadamente 450 millones de dólares.


El congresista Francisco Villavicencio ha declarado ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos en condición de testigo, pero los agentes policiales han requerido que sea considerado investigado.

La fiscal especializada en Lavado de Activos Yovana Mori García determinó que Juan Pablo Granda contaba como cómplices a los peruanos Alfredo Chamy Román, Miguel Tejerina Grimaldi, Jorge Uceda Sialer y Mario Díaz Sevilla. Díaz es el que reclutó a Joule Vila Vila para registrar las 53 empresas en la Notaría Villavicencio.

El informe policial del caso indica que las empresas de fachada eran usadas para la exportación de oro comprado a mineros ilegales de Madre de Dios, Puno e Ica. Luego, con documentos fraudulentos, los miembros de la organización tramitaban la legalidad del metal precioso ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entidad que al detectar este tipo de operaciones informó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.


Entre las compañías registradas por Joule Vila para la organización del "Pablo Escobar del Contrabando de Oro" se encuentran Ymhe & Asociados, Hec’Gymms, Inversiones Generales Ysamihes, Multiservicios Hesysam y Mineros Asociados Pluncris.

La modalidad

El operador de Juan Pablo Granda constituía firmas en grupo. El 23 de agosto inscribió a tres, el 7 de setiembre a otras 6 y el 11 de diciembre a 7 firmas más. Seguidamente, el 16 de abril del 2014, a 8 compañías; y el 23 de marzo del 2015 de un solo golpe a 29 empresas.

Astrid Antón Rentería, empleada de la Notaría Francisco Villavicencio, confirmó ante la policía que efectivamente Joule Vila Vila había sido la persona que registró las 53 empresas.


"Joule Vila por correo electrónico enviaba a la jefa del área legal de la notaría, Isabel Chumpitaz, las minutas de constitución de dichas empresas y posteriormente acudía a la oficina con las personas para firmar los documentos", afirmó Astrid Antón ante la Policía.

El 15 de febrero del 2016, el notario Francisco Villavicencio, quien en ese momento era candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular, durante el interrogatorio de la policía, se limitó a manifestar que los servicios notariales para la elaboración de las escrituras públicas de las empresas fueron solicitados por Joule Vila Vila. Y señaló que la empleada Astrid Antón fue quien lo atendió.

Sin embargo, la policía le preguntó a Villavicencio por qué no había reportado como operación sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la irregular constitución de la enorme cantidad de empresas por una sola persona. Le recordaron que el Manual de los Notarios de Prevención de Lavado de Activos lo obligaba a alertar cuando una persona registraba más de tres empresas en un solo día.


Yo no fui, ellos fueron

En su descargo, el congresista Francisco Villavicencio expresó que su notaría cumplió con reportar dichas operaciones ante la UIF, comprometiéndose a entregar los registros, pero hasta el día hoy no ha acreditado con documentos lo que dijo ante la policía.

Francisco Villavicencio, quien se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Justicia, e integra otras comisiones importantes como la de Defensa, de Fiscalización y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, aseguró a La República que no estaba relacionado con la organización criminal del "Pablo Escobar del Contrabando de Oro", Juan Pablo Granda.

"Yo no fui el que registró las empresas de Joule Vila Vila. Lo hicieron mis empleados y eso es lo que he dicho a la policía", contestó Villavicencio.


"Nada tengo que ver con esas empresas investigadas. Yo solo cumplí con registrar las escrituras públicas, cuyos documentos eran chequeados al milímetro por los empleados de la notaría. Ellos son los responsables", señaló Francisco Villavicencio.

En mayo del 2016, la Dirección de Lavado de Activos remitió el caso a la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Yovana Mori García. La policía recomendó que tanto los empleados de la notaría como el congresista Francisco Villavicencio Cárdenas deben ser comprendidos en las indagaciones debido a una serie de irregularidades.

Sin embargo, hasta el momento, la fiscalía no se ha pronunciado respecto al caso del legislador fujimorista.


De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Pablo Granda y otros dos ejecutivos de NTR Metals –una corporación dedicada a la refinación de metales–, Samer Barrage y Renato Rodríguez compraban el oro ilegal en el Perú, lo exportaban con empresas de fachada a Estados Unidos, donde era refinado por la empresa donde trabajaban, y luego lo vendían como si fuera de origen legal.

La acusación que se encuentra en la Corte Distrital del Sur de Miami incluye la imputación de que con sus ganancias lavaban dinero de narcotraficantes de Sudamérica. La fiscalía ha pedido 20 años de cárcel para cada uno.

Por las dimensiones extraordinarias de lavado de activos, las autoridades norteamericanas no dudaron en llamar a Juan Pablo Granda el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro".


Datos

La investigación por lavado de activos alcanza a los testaferros Laura Puertas Villacrez, Roberto Sánchez Niño Ladrón de Guevara, Nashia Rivera Milla, Manuel García Cosío, Jaime Puertas Peña, Miguel Tijerina Grimaldi e Iris Cornejo Briceño.
También a Felipe Chirinos Osorio, Jackeline Huaranga Celis, Jorge Velásquez Loaiza, Mariluz Ayala Tantalla y Roger Quintanilla Béjar. Además, a Gloria Gadea Espíritu, Percy y Nemmy Vila Gadea, esposa e hijos del operador Joule Vila Vila, “El Huanca”.
Algunos testaferros revelaron a la policía que Joule Vila visitaba los pueblos jóvenes y barriadas para captar a personas de baja condición económica a quienes les pagaba entre 200 y 250 soles a cambio de que figurasen como socios en las empresas de 'papel'.


Francisco Villavicencio: “Yo soy el más afectado por esta banda”

“¿Usted conoce a Joule Vila Vila?”, preguntamos al congresista Francisco Villavicencio. “Él era la persona que nos buscaba en la notaría para estos servicios. Y nos requirió, inicialmente, para un estudio contable. Nos refirió que tenía una cantidad de clientes y que necesitaba de nuestros servicios. Vila era empleado de un estudio contable. Creo que captaba gente para ese fin. No era mi amigo”, respondió.

“¿Y qué vínculo tiene usted con Mario Díaz Sevilla, el jefe de Vila?”, le decimos. “Tengo referencia de que es el dueño del estudio contable que requiere de nuestros servicios porque nos dijo que tenía más de 280 clientes y necesitaba tener una coordinación con nosotros. Tampoco es mi amigo”, contestó Villavicencio.

“Nada tengo que ver con esta organización criminal, por el contrario, yo soy el principal afectado por esta banda”, dijo el congresista de Fuerza Popular.

Fuente: La República


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