Los derechos humanos son una cojudez para millones de peruanos. Incluida la izquierda cuando el acusado es su amigo, escribió Beto Ortiz en su cuenta de Twitter.

Los audios del Caso Madre Mía, que evidencian que se compraron testigos para librar a Ollanta Humala de la cárcel, han dejado mucho más al descubierto que un juicio fraudulento. Han mostrado el fustán de una sociedad que ha hecho un pobrísimo trabajo por comprender (y remediar) los estragos que causó la lucha contra el terrorismo en nuestro país.




En la esquina izquierda están los eternos defensores de los derechos humanos. Políticos, académicos, opinólogos, periodistas, activistas (y un largo etcétera) que siempre han reclamado que los delitos cometidos por los militares en la lucha contra el terrorismo deben castigarse severamente pasaron por agua tibia las acusaciones contra Ollanta Humala. Consideraron que se trataba de un ataque para sacar de carrera al máximo contendor de Keiko Fujimori. No importaba que los indicios de compra de testigos ya fueran fehacientes, ni que estuviéramos ante casos graves de asesinatos y desaparición de personas. Ollanta Humala no podía ser el ‘Capitán Carlos’, porque eso malograba la mejor carta para vencer al fujimorismo.


En la otra esquina están los fujimoristas, los defensores del modelo económico, los anticaviares, los académicos, los periodistas, los opinólogos y activistas de derecha que nunca han querido saber nada con los delitos de terrorismo de Estado. Esos que miran a otro lado cuando les hablan de los niños asesinados en Putis, que justifican la masacre de Barrios Altos, que suelen disculpar cualquier barbaridad cometida por las Fuerzas Armadas, de pronto, se volvieron los verdugos de los militares violadores de derechos humanos. O, debemos decir, se transformaron en los verdugos del único militar que les resultaba incómodo: Ollanta Humala. Y entonces sí exigieron que se desclasificaran los documentos que nunca quieren revisar, y reclamaron que al ‘Capitán Carlos’ se le juzgara por asesino y que se evidenciaran sus torturas.


Está claro que Ollanta Humala debería responder ante una investigación y juicio transparentes por lo que hizo y por lo que ocultó. Pero nosotros tenemos una tarea pendiente: ya es hora de que asumamos la defensa de derechos humanos con sinceridad. Que descubramos qué pasó en los años de la lucha contra el terrorismo independientemente de si los involucrados son nuestros aliados o nuestros enemigos. O hacemos la reflexión de una vez por todas, o no nos queda más que aceptar que los peruanos a los que los derechos humanos les parecen una reverenda cojudez son muchísimos más de lo que nos atrevemos a reconocer.

Axact

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