Los congresistas que mintieron u omitieron información obligatoria en las hojas de vida que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones en el proceso electoral del 2016 corren el riesgo de repetir la experiencia del gobernador regional de Áncash, Enrique Vargas, quien hace un mes fue condenado a cinco años de cárcel por haber mentido en dicho documento.


Así lo señalaron especialistas en derecho penal al ser consultados sobre los casos de legisladores que son investigados por la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso y cuyos casos pueden pasar a la fiscalía.


“La inclusión de una falsedad en la hoja de vida, que es una declaración jurada, o la omisión de información constituyen delito contra la fe pública que puede ser penado hasta con seis años de prisión”, indicó el abogado penalista Julio Rodríguez, tras señalar que la fiscalía puede iniciar de oficio una investigación al respecto. 

La Comisión de Ética Parlamentaria ha recomendado suspender por 120 días a la congresista fujimorista Maritza García por presentar en su hoja de vida información falsa sobre su maestría. Además, la legisladora por Piura tiene en Ética otra investigación pendiente relacionada con sus estudios secundarios.


Esa comisión también recomendó suspender durante 90 días al fujimorista Clayton Galván por no pagar una deuda, pero el pleno no aprobó ese pedido. Pese a que existía un fallo firme que lo obligaba a pagar, Galván omitió consignar ese dato en su hoja de vida. 

La congresista Yesenia Ponce, de Fuerza Popular, también es investigada por incluir datos presuntamente falsos en su hoja de vida. En este caso, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso está por redactar el informe final.


También podría ser investigada por esa comisión la fujimorista Esther Saavedra. La información en su hoja de vida ha sido puesta en duda, pues no aparece el certificado que acredite que estudió el cuarto de primaria.

La lista podría crecer. El JNE detectó omisiones e incongruencias en las hojas de vida de 42 congresistas. La mayor parte está relacionada con la información sobre estudios, otras tienen que ver con información sobre bienes y rentas, y algunas con la omisión de procesos judiciales. En muchos casos, son errores e imprecisiones en fechas y lugares.

De probarse que los congresistas investigados en Ética cometieron delito podrían terminar en la cárcel. “La fiscalía debe investigar esos casos, pues hay la presunción de delitos penales. Para procesarlos, el Congreso debe levantarles la inmunidad parlamentaria”, indicó el penalista Carlos Caro.

Hay legisladores a los que se les levantó la inmunidad y fueron condenados. Alejandro Yovera fue condenado en el 2014 a dos años de prisión suspendida por mentir en su hoja de vida. Antes, a José Anaya, conocido como ‘comepollo’, le impusieron cinco años de cárcel el 2011


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