Tras dejar Palacio de Gobierno en Perú, los expresidentes reciben una pensión mensual y vitalicia. Desde 1995, gracias a la Ley N° 26519 promulgada por el entonces presidente Alberto Fujimori, los exmandatarios gozan de una renta equivalente a los ingresos de un congresista: 15 mil 600 soles. La ley ha permitido que el Estado desembolse 7 millones 972 mil 763 soles (más de US$ 2.4 millones) en los últimos 22 años, según los registros del Congreso de la República.

Fernando Belaúnde Terry; Valentín Paniagua Corazao y su viuda Nilda Jara Gallegos; Alejandro Toledo Manrique, prófugo de la justicia peruana; Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso son quienes han cobrado las pensiones hasta el cierre del 2016.


El expresidente que más dinero recibió, es el desaparecido Valentín Paniagua Corazao junto a su esposa. Él y su viuda cobraron 2 millones 993 mil 230 soles (US$ 900 mil) entre el 2001 y el 2016.

Toledo continúa en la lista como el segundo expresidente que más dinero recibió con 2 millones 278 mil 679 soles (US$ 690 mil), entre el 2006 y 2016. Siguen Alan García, investigado por el caso Lava Jato, con 2 millones 118 mil 530 soles (US$ 642 mil), entre los periodos 1998-2006 y el 2011-2016; Belaúnde con 486 mil 643 soles (US$ 147 mil), entre 1995 y el 2002; y finalmente Ollanta Humala con 95 mil 680 soles (US$ 28 mil) otorgados solamente el 2016.


Pese a haber establecido este beneficio, Alberto Fujimori no recibe pensión porque ni bien abandonó su cargo como presidente el 2000 se convirtió en prófugo de la justicia y luego fue condenado a prisión por violación a los derechos humanos. El artículo 2 de la normativa indica que el beneficio no aplica para los expresidentes que han sido acusados constitucionalmente por el Congreso. Si no fuera por ese artículo, Fujimori hubiera recibido hasta el año pasado unos 2.3 millones de soles (US$ 716 mil).

Alejandro Toledo tampoco goza del privilegio debido a que el juez Richard Concepción Carhuancho le congeló la pensión en marzo por estar involucrado en presuntos cobros de coimas que efectuó la constructora Odebrecht. Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses por esta investigación y otra, con el mismo tiempo, por el caso Ecoteva.


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