Preinforme. La comisión Lava Jato detectó que los gobiernos de Toledo, García y Humala cancelaron a cinco empresas brasileñas USD 3 mil millones de sobreprecios por 41 obras.


Si bien la comisión Lava Jato ha investigado 20 obras de Odebrecht realizadas du­rante los gobiernos de Ale­jandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, solo ha podido detectar que en 15 de esos proyectos se trans­firieron USD 1,664 millones en sobrecostos que fueron transferidos a través de adendas firmadas presun­tamente de forma irregular.


Según el preinforme de dicha comisión que fue aprobado en el pleno del Congreso la semana pasa­da, los representantes de Odebrecht y otras cuatro empresas investigadas (Queiroz Galvao, Camargo Correa, OAS y Andrade Gu­tierrez) “habrían manteni­do una estrecha relación con diversos funcionarios, autoridades y servidores del Estado, que propicia­ron acuerdos colusorios a efecto de beneficiarse con la adjudicación y ejecu­ción de las mencionadas obras”.

“Para materializar lo an­tes referido, se erigió un andamiaje normativo que permitió el relajamiento de los sistemas de control y facilitó el direcciona­miento de los procesos a favor de las empresas in­vestigadas”, añade el docu­mento al que tuvo acceso diario Exitosa.



Más obras

La lista de esas 15 obras son, según el referido prein­forme, el proyecto Olmos Trasvase, que tuvo un incre­mento de USD 96 millones; Metro de Lima – Línea 1 – Tramo 2, USD 302 millones; IIRSA Sur – Tramo 3, USD 396 millones; los tramos via­les del eje multimodal del Amazonas Norte del “Plan de Acción Para la Integra­ción de Infraestructura Re­gional Suramericana – IIR­SA”, USD 290 millones.

La obra Interceptor Nor­te tuvo un sobreprecio de USD 8 millones; el pro­yecto ampliación y mejo­ramiento del sistema de agua potable de Iquitos, USD 3 millones; la rehabi­litación, mejoramiento y construcción de la carre­tera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis, USD 55 millones; y Metro de Lima – Tramo 1, USD 109 millones.


La concesión del diseño, financiamiento, construc­ción, operación y mante­nimiento de las obras del proyecto irrigación Olmos tuvo un sobreprecio de USD 50’235,991; la rehabilita­ción y mejoramiento de la carretera Empalme PE –5N – Cuñumbuque – Zapatero – San José de Sisa, USD 1 mi­llón; y el mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, USD 27 millones.

La central hidroeléctrica Chaglla tuvo un incremen­to de USD 227 millones; el Gasoducto Sur Peruano, USD 136 millones; y la cons­trucción de la vía Costa Verde – Tramo Callao, USD 17 millones.



La comisión Lava Jato ha investigado, en sus primeros cinco meses de trabajo, 41 proyectos de cinco empresas brasile­ñas que formaron parte del llamado ‘Club Brasil’ (Odebrecht, Queiroz Gal­vao, Camargo Correa, OAS y Andrade Gutierrez) y ha concluido que los tres últi­mos gobiernos desembol­saron USD 3 mil millones en sobreprecios por todo ese conjunto de obras.

Otro hecho importante es que las administracio­nes de Toledo, García y Hu­mala desembolsaron USD 16 mil millones por las re­feridas 41 obras.

Otras sobrevaloraciones

El sobreprecio que cancelaron los tres últimos gobiernos a las empresas Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao fue de USD 600 millones, según el informe.

De los 25 arbitrajes realizados por las obras, solo en una ocasión ha tenido el Estado la calidad de demandan­te; sin embargo, en las otras 24 veces las pretensiones invocadas fueron declaradas infundadas, favoreciendo a la empresa privada.


El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht reconoció que en Perú se pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, para adjudicarse obras públicas desde el 2005 hasta el año 2014.

Para la lucha contra la corrupción, la comisión Lava Jato ha presentado tres proyectos de ley: N° 1106/2016-CR: ley que tutela los intereses del Estado en los proce­sos judiciales por delitos de corrupción; N° 1116/2016-CR: ley que impide la impunidad de los cabecillas de organizaciones criminales en delitos de corrupción, prohibiendo la suspensión de la ejecución de la pena; y N° 1272/2016-CR: ley que fortalece la participación de los procuradores públicos en los procesos por delitos de corrupción y optimiza el proceso de colaboración eficaz.

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