La exalcladesa de Lima, Susana Villarán hizo una denuncia en su cuenta de Facebook contra el Grrupo el Comercio donde mencionó que el medio hace una campaña de difamación y mal información permanente contra su persona.

Esta fue la extendida nota que escribió en su red social:



Sí, sé muchas cosas señores del Grupo El Comercio.

Lo primero que sé y, estoy viviendo hace siete años, es una campaña de difamación y mal información permanente contra mi persona del grupo periodístico que ustedes dirigen. Creí que los cambios de hace un par de años habían traído nuevos vientos a este diario. Parece que me equivoqué.



También sé que he sido el personaje público más investigado durante los últimos siete años en el Perú. He respondido a las fiscalías, la Contraloría y el Congreso en innumerables oportunidades. También lo he hecho en más de 170 procesos civiles y penales que se han abierto en mi contra. Se me ha levantado el secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones. Díganme, señores El Comercio: ¿Han encontrado algún signo de enriquecimiento ilícito? ¿Desbalance patrimonial?¿Alguna coima en las más de 1200 licitaciones públicas durante mi gestión?¿Algún funcionario de mi gestión está preso o con cuentas millonarias en el extranjero? La respuesta es clara: no han encontrado nada, ni encontrarán nada, porque la mía fue una gestión transparente y honesta. Soy una persona limpia, que no le debe nada a nadie.



Ahora bien, como ex Alcaldesa de Lima, también sé mis derechos y obligaciones. Una de las obligaciones que tengo es responder a los cuestionamientos que se hacen, así que paso a responder a su editorial:

Rutas de Lima: Sé que no hubo ninguna coima en la entrega de esta concesión. No tengo ninguna relación, ni vínculo con las anotaciones aparecidas en el área de operaciones estructuradas de Odebrecht. Tampoco conozco al señor Marcelo Odebrecht. Nunca he recibido en mi oficina, ni he viajado, ni siquiera conversado con el señor Barata.



También sé que en esta concesión se cumplió a cabalidad con todos los aspectos legales. El Concejo Metropolitano lo aprobó en más de cuatro sesiones públicas en el 2012. Los números de ese año en la Municipalidad de Lima establecían un equilibrio económico-financiero para la concesión, que fue certificado por múltiples estudios técnicos. Finalmente, ahí están las obras financiadas por esta concesión: Alipio Ponce, Puente San Pedro, Túnel Benavides, Intercambio Alisos, Intercambio 25 de Enero, Intercambio Naranjal y, en construcción, el Derby y Prolongación de la Ramiro Priale, entre otras. ¿Dónde está el carácter lesivo de la concesión para Lima?

Línea Amarilla: Heredé de la gestión anterior un contrato inviable con Estabilidad Jurídica. No había ninguna causal de resolución en ese momento, así que el 2011 decidimos seguir con el proyecto, a través de una adenda. Esta adenda mejoró el contrato, dándoles mayores compensaciones a la población afectada, y generando proyectos de mejoramiento urbano en el entorno de la vía en cuestión. Por lo demás, también sé que no hubo ninguna coima para la firma de la adenda.



Sobre el Túnel Línea Amarilla, los sucesos de crecida en el Rio Rímac en Diciembre de 2012 no tienen relación alguna ni con la impermeabilidad del túnel, ni con el reconocimiento de una compensación por $22 millones por ‘eventos geológicos extraordinarios’. Me llama la atención que El Comercio tome alegremente como ciertas las afirmaciones falsas de una empresa televisiva que hace años miente sobre mí y mi gestión. Eso no es buen periodismo.

Respecto a la impermeabilidad, lo cierto es que el concesionario y la constructora actual (en este caso Graña y Montero), deben dar todas las garantías técnicas y financieras para que la obra concluya exitosamente. En cuanto al tema geológico, la compensación otorgada a la concesionaria (Invepar, no OAS) responde a la constatación técnica de que gran parte de los terrenos sobre los que se construye la vía y que no habían sido liberados eran rellenos sanitarios. Este tipo de suelos no eran aptos para soportar las estructuras de la obra, por lo que requirió de inversiones adicionales y constituyó un evento no previsto en los estudios iniciales—costos que, como estipulaba el contrato firmado el 2009, debía ser reconocido por la municipalidad.



En mi gestión deje la obra con 70% de avance y financiada íntegramente, incluyendo todas las compensaciones a los más de 1500 predios (incluyendo la población Shipibo-Conibo) y los mayores costos de la obra por riesgo geológico y sobrecostos de liberación de áreas. Nada de esto es ilegal. Al contrario, se hizo un gran esfuerzo por sacar el proyecto adelante.

De otro lado, sobre el proceso de revocatoria en mi contra, ya he dicho públicamente y en el Congreso cómo se financió la campaña de este proceso electoral absurdo—a través de varios grupos ciudadanos que fueron oportunamente declarados ante el JNE. En todo caso, resulta curioso que, cinco años después, no se cuestione a mis oponentes del ¨Sí¨, que presentaron cuentas por S/.12,500 soles. Y en todo caso, alguien cuestiona porque el Estado gastó S/.200 millones en un proceso absurdo auspiciado por Marco Tulio, Malzon Urbina, Burgos y sus secuaces?

Finalmente, soy la más interesada en que todos estos hechos se esclarezcan. Seguiré colaborando con la justicia y las instituciones comprometidas sinceramente en la lucha anticorrupción en nuestro país. No he cometido ningún acto ilícito, ni permitido ningún acto de corrupción en mi vida. Vivo en libertad y con la verdad de mi lado.

Axact

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